Hoy, el Congreso Nacional debatirá una propuesta que ha generado controversia y preocupación: la Ley de Ficha Limpia. Esta ley, impulsada por el oficialismo, busca impedir que personas condenadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública puedan postularse a cargos electivos. Sin embargo, esta iniciativa no solo es inconstitucional, sino que también atenta contra los principios fundamentales de nuestro sistema judicial.
La Inconstitucionalidad de la Ley
La principal crítica a la Ley de Ficha Limpia es que viola el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Este principio establece que “nadie puede ser condenado sin haber sido oído y juzgado conforme a los procedimientos legales establecidos anteriormente”. La Ley de Ficha Limpia, al prohibir la postulación de candidatos condenados en segunda instancia, implica una condena sin juicio previo, lo cual es una clara violación de este principio.
Además, la ley podría ser considerada inconstitucional por su carácter retroactivo. Según el artículo 33 de la Constitución, “las leyes no tendrán efecto retroactivo, salvo en materia laboral, de seguridad social y de previsión social”. La Ley de Ficha Limpia, al aplicarse a condenas confirmadas antes de su promulgación, podría ser vista como una ley retroactiva, lo cual está prohibido por la Constitución.
El Artículo Violado
El artículo que la Ley de Ficha Limpia violaría es el artículo 33 de la Constitución Nacional, que establece que “las leyes no tendrán efecto retroactivo, salvo en materia laboral, de seguridad social y de previsión social”. Al aplicar la ley a condenas confirmadas antes de su promulgación, se estaría violando este principio constitucional.
Conclusión
La Ley de Ficha Limpia, aunque bien intencionada, es una medida que atenta contra los principios fundamentales de nuestro sistema judicial. La presunción de inocencia y la prohibición de leyes retroactivas son pilares de nuestra Constitución, y cualquier iniciativa que los menoscabe debe ser rechazada. Es imperativo que el Congreso reconsidere esta ley y busque alternativas que respeten los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos.